Asambleístas critican veto; ven ‘complicado’ ratificar Ley del aborto por violación
Sesión del Pleno de la Asamblea del pasado 17 de febrero donde se debatió sobre la Ley de aborto por violación. Foto: EL COMERCIO
Cuenta regresiva. 30 días es el plazo que tiene la Asamblea para resolver las 61 objeciones formuladas por el presidente Guillermo Lasso al proyecto de Ley del aborto para víctimas de violación. El Presidente envió el texto al Parlamento la noche del 15 de marzo de 2022.
El futuro del texto, que irá al Registro Oficial, es incierto. El proyecto fue aprobado con una votación ajustada (con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones) el 17 de febrero pasado.
Votos requeridos para aprobar la Ley del aborto por violación
Para allanarse a las objeciones se requieren de 70 votos, es decir de una mayoría absoluta. Mientras que para ratificarse en lo aprobado por el Pleno se necesita el respaldo de, al menos, 92 votos.
Desde un principio las bancadas dejaron en libertad a sus miembros para la resolución, en virtud de que no lograron consensuar una postura orgánica. Eso significa que deberá definirse voto a voto como ocurrió al concluir el segundo debate.
Asambleístas critican el documento enviado por Lasso
La ponente del proyecto, Johanna Moreira (ID), reconoció que se viene un “panorama complicado” para el trámite legislativo, pero aseguró que se “batallará para conseguir los votos necesarios”.
“Esperemos que más allá de diferencias que podamos tener, de aborto sí o aborto no, la Asamblea pueda comprender que el proyecto de ley es mucho mejor que el Presidente pretende con su veto incorporar”, señaló.
Moreira sostuvo que el veto presidencial “es incongruente, revictimizante e inhumano” y rechazó que el Ejecutivo incluyera una declaración juramentada o denuncia previa para la interrupción del embarazo por violación.
Además de los requisitos, Lasso propuso que se unifique en 12 semanas, tanto para el sector urbano y rural, el plazo máximo para que las mujeres puedan acceder a este tipo de atención.
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), catalogó como una “burla al trabajo que viene realizando la Asamblea Nacional. De 63 artículos, poner textos alternativos en 61 realmente es una burla”.
“El Presidente de la República tiene que ser empático. Tiene que conocer la realidad que vive la ruralidad, que vive la Amazonia, que viven las niñas y mujeres en la Costa”, añadió.
El jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, manifestó que es “bastante improbable” que se reúnan 92 votos para insistir en el proyecto original, “pero habrá que ver qué pasa”. Sostuvo que su bloque mantendrá en libertad de conciencia a sus 15 integrantes para que decidan.
“Desde mi visión personal, que es provida, es un veto tibio. Porque, además, se asume ya a nivel general no solo Legislativo, sino Ejecutivo, de que la pena de muerte a la que estarán condenados ciertos ecuatorianos en el vientre materno, ya es formalmente 12 semanas. Así que mi rechazo a ese veto, yo hubiera esperado que sea total’, dijo Torres.
Ricardo Vanegas, de Pachakutik, señaló que este veto “no ha dejado satisfechos ni a los proabortistas ni a los provida. Pero hay una sentencia de la Corte Constitucional que estamos obligados a cumplirla”.
El legislador consideró que las 12 semanas para la interrupción del embarazo es “un plazo razonable”.
Por su lado, Jahaira Urresta, del bloque correísta, aseguró que su bancada adelanta “conversaciones y capacitaciones” entre sus 47 integrantes para tratar de unificar posturas.
A su juicio, la Asamblea deberá insistir para que en el caso de niñas y adolescentes y mujeres de la ruralidad la interrupción del embarazo se pueda dar hasta las 18 semanas de gestación.
La norma fue requerida por la Corte Constitucional, en abril pasado, a través de la sentencia que despenalizó el aborto por violación.
En último caso, según expertos, le corresponderá a este organismo decidir si esta Ley cumple con los parámetros requeridos. De no ser así podrían presentarse acciones de incumplimiento, aunque el dictamen de la Corte es irreversible.
La Defensoría del Pueblo, organismo que entregó este proyecto el 28 de junio pasado a la Asamblea, todavía no se ha pronunciado sobre el veto presidencial.
Fuente: El Comercio Ec
